La deuda del AVE: 16 maternos

El anuncio de la reactivación de las obras del Hospital Materno Infantil ha debido sentarles como un tiro a aquellos que durante cinco años han venido poniendo en duda sistemáticamente la palabra de la Junta de Andalucía sobre su voluntad de retomar la construcción de este centro hospitalario en cuanto la situación económica lo hiciera posible. Desde el año 2011, los representantes del PP de Almería se han dedicado a cuestionar una y otra vez a los sucesivos consejeros de Salud cuando éstos repetían que el Gobierno andaluz no había descartado el Materno Infatil, que eran conscientes de que era necesario, pero que la prioridad en esos momentos, por la difícil coyuntura económica que atravesábamos, tenía que ser garantizar que los andaluces siguieran recibiendo una atención sanitaria digna –no como en las comunidades gobernadas por el PP– y precisamente a eso estaban dedicando todos sus esfuerzos.

En los últimos años, el Gobierno central se ha dedicado a castigar a los autónomos con continuas subidas de impuestos, entre ellas el brutal incremento del IVA, que llegó a ser del 8 al 21% para algunas actividades y que será recordado largo tiempo por las nefastas consecuencias que tuvo para los pequeños negocios, muchos de los cuales se vieron obligados incluso a echar el cierre.

El mérito y la igualdad

A falta de que se cierren las últimas inscripciones, el nuevo curso ha arrancado en la Universidad de Almería con 14.300 estudiantes matriculados. Esta cifra supone un 5,7% más que el curso anterior, lo que no viene sino a confirmar la excelente salud de la que goza nuestra universidad. En el conjunto de Andalucía, han sido más de 200.000 los universitarios que han vuelto a las aulas esta semana, para acogerse a una amplia oferta académica, compuesta por 415 grados, 532 másteres y 163 programas de doctorado, lo que supone 19 másteres y 4 doctorados más que el pasado curso.

Por la educación

Pese a los brutales recortes que el Gobierno central ha aplicado en los últimos años por la vía de la reducción de la financiación, en Andalucía seguimos contando con un sistema educativo público de calidad, gracias al ingente esfuerzo que ha realizado la Junta de Andalucía. Para que se hagan una idea de la dureza del ataque a la educación pública que ha perpetrado el PP en su última etapa de gobierno, quizá baste recordar que entre 2010 y 2015 la inversión del Estado en educación pública cayó 10 puntos, pasando del 4,9% del PIB a sólo el 3,9. Añadiré que para encontrar una cifra de inversión en educación peor que la actual, habría que remontarse a 1987.

Buen inicio de curso

Del relato sentimental de septiembre, ése que oscila entre la tristeza por el verano que se termina y la esperanza del nuevo curso que está por empezar, siempre he preferido la segunda opción. Quizá sea el legado de mi época de maestra, pero considero que los arranques de curso deben ser siempre vividos con ilusión, puesto que nos brindan la oportunidad de seguir mejorando.

Profesionales del cinismo

La firma, esta semana, de un manifiesto a favor del Corredor Mediterráneo por parte de los representantes del Partido Popular de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña ha sido la mayor muestra de cinismo político que se recuerda en los últimos años. Que el PP, ese partido que en cuatro años y medio de gobierno no ha construido ni un solo metro de Corredor en Almería, se reivindique a sí mismo esa obra sería de chiste, si no fuera porque estamos hablando de algo muy serio, en la medida en que el futuro de cientos de empresas de nuestra provincia depende de que se haga esa obra.

Política práctica

El Parlamento de Andalucía ha dado esta semana un claro ejemplo de que la política –esa actividad a la que tan mala fama dan unos cuantos– puede servir para mejorar la vida cotidiana de las personas, resolviéndoles los problemas concretos a los que se enfrentan. Me estoy refiriendo, en concreto, a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que los parlamentarios aprobamos en el Pleno de este miércoles y que va a permitir la regularización de en torno a 30.000 viviendas repartidas por toda Andalucía.