El Parlamento de Andalucía ha dado esta semana un claro ejemplo de que la política –esa actividad a la que tan mala fama dan unos cuantos– puede servir para mejorar la vida cotidiana de las personas, resolviéndoles los problemas concretos a los que se enfrentan. Me estoy refiriendo, en concreto, a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que los parlamentarios aprobamos en el Pleno de este miércoles y que va a permitir la regularización de en torno a 30.000 viviendas repartidas por toda Andalucía.
En su día, estas viviendas fueron construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, lo que estaba suponiendo una grave desprotección para las personas que las compraron de buena fe. Pues bien, con la modificación aprobada esta semana, esas construcciones dejarán de estar en un limbo jurídico y podrán regularizarse. De esta manera, sus propietarios no sólo ganarán en seguridad jurídica, sino que, en muchos casos, también podrán tener acceso a suministros que les estuvieran vedados, como la luz o el agua.
Este ejemplo de política práctica ha venido a culminar, además, el largo trabajo que hemos venido desarrollando los socialistas en los últimos años para atender las demandas de miles de personas que adquirieron de buena fe viviendas irregulares. En este sentido, cabe recordar que esa tarea no sólo se ha circunscrito al ámbito andaluz, sino que el año pasado conseguimos incluso reformar la legislación nacional –concretamente el Código Penal y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa– para garantizar que ningún comprador de buena fe que estuviera incurso en un procedimiento judicial pudiese ver demolida su vivienda si previamente no había recibido la indemnización correspondiente. En un escenario en el que abundaban los promotores condenados que se encontraban en paradero desconocido, con esta medida evitamos que muchas familias se encontraran sin vivienda y sin indemnización.
El PSOE de Almería ha tenido un enorme papel a la hora de impulsar estos cambios, fruto del diálogo que mantiene abierto con las asociaciones de afectados. Gracias a esa colaboración con la sociedad civil se consiguen importantes avances, como éste, del que podemos sentirnos orgullosos como sociedad.
En su día, estas viviendas fueron construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, lo que estaba suponiendo una grave desprotección para las personas que las compraron de buena fe. Pues bien, con la modificación aprobada esta semana, esas construcciones dejarán de estar en un limbo jurídico y podrán regularizarse. De esta manera, sus propietarios no sólo ganarán en seguridad jurídica, sino que, en muchos casos, también podrán tener acceso a suministros que les estuvieran vedados, como la luz o el agua.
Este ejemplo de política práctica ha venido a culminar, además, el largo trabajo que hemos venido desarrollando los socialistas en los últimos años para atender las demandas de miles de personas que adquirieron de buena fe viviendas irregulares. En este sentido, cabe recordar que esa tarea no sólo se ha circunscrito al ámbito andaluz, sino que el año pasado conseguimos incluso reformar la legislación nacional –concretamente el Código Penal y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa– para garantizar que ningún comprador de buena fe que estuviera incurso en un procedimiento judicial pudiese ver demolida su vivienda si previamente no había recibido la indemnización correspondiente. En un escenario en el que abundaban los promotores condenados que se encontraban en paradero desconocido, con esta medida evitamos que muchas familias se encontraran sin vivienda y sin indemnización.
El PSOE de Almería ha tenido un enorme papel a la hora de impulsar estos cambios, fruto del diálogo que mantiene abierto con las asociaciones de afectados. Gracias a esa colaboración con la sociedad civil se consiguen importantes avances, como éste, del que podemos sentirnos orgullosos como sociedad.
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