viernes, 2 de octubre de 2015

PP y Podemos se alían

Parecían agua y aceite, pero el tiempo ha terminado demostrando que PP y Podemos no tienen ningún reparo en aliarse para intentar perjudicar al Gobierno andaluz, aunque por el camino lo que consigan sea perjudicar a los ciudadanos. La última prueba la tuvimos la pasada semana, cuando los diputados andaluces de PP y Podemos decidieron hacer pinza para impedir que se convalidara en el Parlamento un decreto-ley que había elaborado el Gobierno de Susana Díaz.

El problema no estaba en el fondo de ese decreto-ley, puesto que, se mire por donde se mire, era impecable. Concretamente, lo que buscaba el texto presentado por el Gobierno andaluz era modificar la Ley de Ordenación de la Función Pública de Andalucía, para solventar las discrepancias surgidas en torno a la valoración en los concursos del tiempo de servicio de los empleados públicos interinos. Con el texto que proponía el Ejecutivo de Susana Díaz, Andalucía habría empezado a aplicar una regulación similar a la que utilizan la administración del Estado y otras comunidades autónomas y, además, se habría adaptado a una exigencia de la Unión Europea que tendrá que aplicar más pronto que tarde.

Por lo tanto, lo que impidió a PP y Podemos votar a favor de este decreto-ley no fue el texto en sí –que, en última instancia, se habría podido modificar durante la tramitación parlamentaria–, sino su interés desmedido e injustificado por perjudicar al Gobierno de Susana Díaz, bloqueando en el Parlamento sus iniciativas.

No es algo nuevo. El bloqueo de PP y Podemos fue el culpable de que la investidura de Susana Díaz como presidenta se retrasara 80 días, tiempo en el que –hay que recordarlo– los andaluces estuvimos sin gobierno. No les importó en aquel momento que los perjudicados por su actuación fueran los ciudadanos, como tampoco les ha importado ahora que su voto en contra en el Parlamento haya perjudicado a los empleados públicos de la administración andaluza, 1.611 de ellos de la provincia de Almería. Al no convalidarse el decreto-ley, estos empleados públicos se han quedado sin poder presentarse a un concurso de traslados. Además, su decisión también paraliza la Oferta Pública de Empleo, puesto que no tiene mucho sentido convocar oposiciones sin saber qué puestos pueden ser cubiertos con el personal que ya está trabajando para la administración pública andaluza. En definitiva, todo un despropósito.

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