La reunión que mantuvieron este miércoles el Gobierno de Rajoy y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido para constatar, una vez más, lo injusto del sistema de financiación que tenemos en España.
De esta reunión, Andalucía ha salido perdiendo 265 millones, que tendrá que devolverle al Estado por la liquidación definitiva de la financiación de 2013. Para calcular esta cantidad, el Gobierno se ha basado en un sistema de financiación que ya no debería estar vigente, puesto que en el año 2009 se acordó que, pasados cinco años, habría que revisarlo y cambiarlo. Esos cinco años se han cumplido, pero Rajoy no tiene ningún interés por abordar la reforma. Para que se entienda la importancia de este asunto, basta recordar que, con el actual modelo de financiación, Andalucía deja de recibir cada año 700 millones de euros que le pertenecen.
Al Gobierno de Rajoy no le interesa abordar la reforma del sistema de financiación, de la misma manera que se ha mostrado insensible a las críticas por los objetivos de déficit que nos esperan para los próximos años. Los socialistas no criticamos el objetivo de déficit global que se ha fijado para España en 2016, pero lo que no puede ser es que el mayor esfuerzo tengan que hacerlo siempre las comunidades.
Para más inri, el Gobierno pretende que las comunidades recorten su déficit a una velocidad enorme: bajarlo al 0,3 del PIB en 2016, al 0,1 en 2017 y alcanzar la estabilidad en 2018. En la práctica, eso supondrá sacrificios enormes para la población, que podrían mitigarse con el planteamiento que ha hecho Andalucía y que lleva al mismo sitio: un 0,7 en 2016, un 0,3 en 2017 y estabilidad en 2018.
Que no nos engañen. Detrás de la negativa sistemática del Gobierno del PP a flexibilizar sus planteamientos no hay razones económicas, lo que hay son planteamientos ideológicos. Recortando el dinero a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en asuntos como la sanidad o la educación, están socavando los pilares de ese Estado de Bienestar que tanto les molesta a los señores de la derecha. Con esta jugada, lo que están consiguiendo es pervertir la voluntad ciudadana y poner en serias dificultades a los gobiernos autonómicos socialistas, que tienen el mandato de preservar los servicios públicos.
De esta reunión, Andalucía ha salido perdiendo 265 millones, que tendrá que devolverle al Estado por la liquidación definitiva de la financiación de 2013. Para calcular esta cantidad, el Gobierno se ha basado en un sistema de financiación que ya no debería estar vigente, puesto que en el año 2009 se acordó que, pasados cinco años, habría que revisarlo y cambiarlo. Esos cinco años se han cumplido, pero Rajoy no tiene ningún interés por abordar la reforma. Para que se entienda la importancia de este asunto, basta recordar que, con el actual modelo de financiación, Andalucía deja de recibir cada año 700 millones de euros que le pertenecen.
Al Gobierno de Rajoy no le interesa abordar la reforma del sistema de financiación, de la misma manera que se ha mostrado insensible a las críticas por los objetivos de déficit que nos esperan para los próximos años. Los socialistas no criticamos el objetivo de déficit global que se ha fijado para España en 2016, pero lo que no puede ser es que el mayor esfuerzo tengan que hacerlo siempre las comunidades.
Para más inri, el Gobierno pretende que las comunidades recorten su déficit a una velocidad enorme: bajarlo al 0,3 del PIB en 2016, al 0,1 en 2017 y alcanzar la estabilidad en 2018. En la práctica, eso supondrá sacrificios enormes para la población, que podrían mitigarse con el planteamiento que ha hecho Andalucía y que lleva al mismo sitio: un 0,7 en 2016, un 0,3 en 2017 y estabilidad en 2018.
Que no nos engañen. Detrás de la negativa sistemática del Gobierno del PP a flexibilizar sus planteamientos no hay razones económicas, lo que hay son planteamientos ideológicos. Recortando el dinero a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en asuntos como la sanidad o la educación, están socavando los pilares de ese Estado de Bienestar que tanto les molesta a los señores de la derecha. Con esta jugada, lo que están consiguiendo es pervertir la voluntad ciudadana y poner en serias dificultades a los gobiernos autonómicos socialistas, que tienen el mandato de preservar los servicios públicos.
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