La salida del Gobierno del antiguo responsable de Educación, José Ignacio Wert, fue interpretada por muchos como un reconocimiento implícito por parte de Rajoy de que la gran obra del más impopular de sus ministros, la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, había sido un error garrafal que había que rectificar antes de que acabara la Legislatura. La entrada en el Ministerio de un hombre al que nos quisieron presentar como moderado, Íñigo Méndez de Vigo, parecía también una señal en ese sentido, pero finalmente los hechos están desmontado esta teoría.
El Gobierno del PP no ha dado marcha atrás en su intención de aplicar la LOMCE, sino que pretende aplicarla, además, lo antes posible, como se encargó de dejar claro el nuevo ministro este martes, al asegurar que tanto la ley como su calendario estaban “para cumplirse”.
Estamos ante una Ley que no quiere nadie: ni la comunidad educativa, ni los grupos de la oposición ni las comunidades autónomas, incluidas –y esto es algo insólito– las comunidades que están gobernadas por el propio Partido Popular. Murcia ya ha dicho que va a hacer una implantación “de mínimos”, Castilla y León está “estudiando” qué hacer y Madrid se ha declarado abierta “a cualquier tipo de diálogo o reflexión que promueva el Ministerio”. Estas disensiones dentro del propio Partido Popular colocan en una posición difícil al ministro de Educación para convencer a alguien de que el regalo envenenado que le dejó Wert es una buena ley.
El Gobierno tiene que rectificar la LOMCE y para ello, lo primero que hay que hacer es paralizar inmediatamente su calendario de aplicación. Ya se ha anunciado que se va a convocar en agosto la Conferencia Sectorial de Educación para que estudie la situación –algo que desde el PSOE hemos venido reclamando insistentemente–, pero hay que ir más allá. Éste es un tema que afecta profundamente a las comunidades autónomas –puesto que serán ellas las encargadas de aplicar una ley con la que no están de acuerdo–, por lo que debería convocarse la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado. Los cambios educativos, además, no son un tema menor: son un asunto de Estado y como tal deben tratarse, buscando el mayor consenso posible, porque se trata de nuestro futuro.
El Gobierno del PP no ha dado marcha atrás en su intención de aplicar la LOMCE, sino que pretende aplicarla, además, lo antes posible, como se encargó de dejar claro el nuevo ministro este martes, al asegurar que tanto la ley como su calendario estaban “para cumplirse”.
Estamos ante una Ley que no quiere nadie: ni la comunidad educativa, ni los grupos de la oposición ni las comunidades autónomas, incluidas –y esto es algo insólito– las comunidades que están gobernadas por el propio Partido Popular. Murcia ya ha dicho que va a hacer una implantación “de mínimos”, Castilla y León está “estudiando” qué hacer y Madrid se ha declarado abierta “a cualquier tipo de diálogo o reflexión que promueva el Ministerio”. Estas disensiones dentro del propio Partido Popular colocan en una posición difícil al ministro de Educación para convencer a alguien de que el regalo envenenado que le dejó Wert es una buena ley.
El Gobierno tiene que rectificar la LOMCE y para ello, lo primero que hay que hacer es paralizar inmediatamente su calendario de aplicación. Ya se ha anunciado que se va a convocar en agosto la Conferencia Sectorial de Educación para que estudie la situación –algo que desde el PSOE hemos venido reclamando insistentemente–, pero hay que ir más allá. Éste es un tema que afecta profundamente a las comunidades autónomas –puesto que serán ellas las encargadas de aplicar una ley con la que no están de acuerdo–, por lo que debería convocarse la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado. Los cambios educativos, además, no son un tema menor: son un asunto de Estado y como tal deben tratarse, buscando el mayor consenso posible, porque se trata de nuestro futuro.
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