La manera en que el Gobierno del PP está jugando con las cifras de la financiación autonómica revela un enorme desprecio por parte del Ejecutivo de Rajoy hacia lo que les ocurre a los ciudadanos en su día a día. Cuando el presidente del Gobierno decide cambiar las normas del juego a mitad del partido y obligar, con ello, a las comunidades autónomas a rehacer sus previsiones económicas, lo único que consigue es empeorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de este país y pervertir, de paso, la voluntad que expresan en las urnas cuando votan en las elecciones autonómicas.
En Andalucía, el Gobierno andaluz marcó unas líneas rojas que debían situarse al margen de los recortes: la educación y la sanidad, como elementos indispensables para garantizar la igualdad de todos los andaluces, tengan el dinero que tengan. Sin embargo, los continuos recortes que el Gobierno central está aplicando en las transferencias a Andalucía están haciendo que mantener los servicios públicos resulte cada vez más difícil.
Cuando el Gobierno del PP decidió unilateralmente reducir su aportación a la Ley de Dependencia, Andalucía optó por compensar el dinero que faltaba, para que no fueran los ciudadanos los que pagaran las consecuencias. En aquel momento se pudo hacer aquella compensación, pero la asfixia continua de Rajoy a Andalucía está complicando la situación.
Ya nos ocurrió el año pasado. En 2013, el Gobierno le dijo a Andalucía que iba a recibir 507 millones de euros por la liquidación de la financiación de 2012 y que podía incluir esa cantidad en sus Presupuestos para 2014. Sin embargo, a mitad del año, cuando el presupuesto ya estaba comprometido, el Gobierno rebajó los 507 millones a 427, es decir, 80 millones menos. Para que se hagan una idea, ahorrar 80 millones supondría suprimir todas las rutas de transporte escolar en Andalucía, eliminar el Ingreso Mínimo de Solidaridad o dejar de financiar una de las universidades andaluzas.
Este año nos han vuelto a hacer una jugada. Aunque Rajoy anunció que entregaría 1.700 millones de euros a Andalucía como adelanto de los ingresos de 2016, al final ha resultado que, de esa cantidad, apenas 509 millones podrán destinarse a inversiones, mientras que el resto, por decisión del Gobierno, tendrá que ir al déficit y a amortizar deuda con las entidades bancarias. Como ven, para el PP los bancos siempre van primero.
En Andalucía, el Gobierno andaluz marcó unas líneas rojas que debían situarse al margen de los recortes: la educación y la sanidad, como elementos indispensables para garantizar la igualdad de todos los andaluces, tengan el dinero que tengan. Sin embargo, los continuos recortes que el Gobierno central está aplicando en las transferencias a Andalucía están haciendo que mantener los servicios públicos resulte cada vez más difícil.
Cuando el Gobierno del PP decidió unilateralmente reducir su aportación a la Ley de Dependencia, Andalucía optó por compensar el dinero que faltaba, para que no fueran los ciudadanos los que pagaran las consecuencias. En aquel momento se pudo hacer aquella compensación, pero la asfixia continua de Rajoy a Andalucía está complicando la situación.
Ya nos ocurrió el año pasado. En 2013, el Gobierno le dijo a Andalucía que iba a recibir 507 millones de euros por la liquidación de la financiación de 2012 y que podía incluir esa cantidad en sus Presupuestos para 2014. Sin embargo, a mitad del año, cuando el presupuesto ya estaba comprometido, el Gobierno rebajó los 507 millones a 427, es decir, 80 millones menos. Para que se hagan una idea, ahorrar 80 millones supondría suprimir todas las rutas de transporte escolar en Andalucía, eliminar el Ingreso Mínimo de Solidaridad o dejar de financiar una de las universidades andaluzas.
Este año nos han vuelto a hacer una jugada. Aunque Rajoy anunció que entregaría 1.700 millones de euros a Andalucía como adelanto de los ingresos de 2016, al final ha resultado que, de esa cantidad, apenas 509 millones podrán destinarse a inversiones, mientras que el resto, por decisión del Gobierno, tendrá que ir al déficit y a amortizar deuda con las entidades bancarias. Como ven, para el PP los bancos siempre van primero.
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