La provincia de Almería está entre las seis primeras de todo el país con mayor probabilidad de sufrir un robo. Así lo indica un informe elaborado por la Asociación Empresarial del Seguro, que también advierte de que los robos en Almería son especialmente graves. Nuestra provincia es la tercera del país en gravedad de los robos, sólo superada por Murcia y Orense, con un coste promedio de unos 1.500 euros.
Ésta es la realidad de la seguridad ciudadana en nuestra provincia, por mucho que el Gobierno del PP se empeñe en enarbolar unas estadísticas que son inexactas, porque al que le han robado tres y cuatro veces, llega un momento en que ni siquiera se toma la molestia de denunciar.
En muchas zonas rurales de Almería existe una sensación de inseguridad que el Gobierno de Rajoy no sólo no ha intentado mitigar, sino que ha alimentado. Por dar un dato, desde la llegada del PP al gobierno, la provincia de Almería ha perdido 96 efectivos de la Guardia Civil, como consecuencia de la decisión de no reponer a todos los agentes que se jubilaban, sino sólo a 1 de cada 10. Ahora que llegan las elecciones, eso sí, el Gobierno ha dicho que volverá a reponer a todos los agentes… aunque el daño ya está hecho y tardaremos mucho tiempo en recuperar los medios que teníamos.
Después de cuatro años y medio, no ha habido tampoco ningún avance para otras reivindicaciones que tiene la provincia de Almería en materia de seguridad y que van camino de convertirse en históricas. Me refiero, concretamente, a la comisaría de Roquetas de Mar y el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vícar, dos proyectos que los dirigentes del PP mantienen guardados en un cajón. Una comarca tan importante desde el punto de vista económico como la de Poniente lleva cuatro años sin recibir un euro para para mejorar los equipamientos y las infraestructuras de seguridad, lo que ha colocado al alcalde de El Ejido en el brete de tener que decir que se reunirá con Interior para pedirle más efectivos.
Como resultado de todo ello, nuestros campos –tanto las explotaciones intensivas como las zonas rurales– se han convertido en un blanco fácil para los delincuentes. Y lo seguirán siendo mientras continúen en el gobierno unos dirigentes que aún no han entendido que la política de seguridad debe ser constante y no puede ir ligada a los vaivenes políticos de turno.
Ésta es la realidad de la seguridad ciudadana en nuestra provincia, por mucho que el Gobierno del PP se empeñe en enarbolar unas estadísticas que son inexactas, porque al que le han robado tres y cuatro veces, llega un momento en que ni siquiera se toma la molestia de denunciar.
En muchas zonas rurales de Almería existe una sensación de inseguridad que el Gobierno de Rajoy no sólo no ha intentado mitigar, sino que ha alimentado. Por dar un dato, desde la llegada del PP al gobierno, la provincia de Almería ha perdido 96 efectivos de la Guardia Civil, como consecuencia de la decisión de no reponer a todos los agentes que se jubilaban, sino sólo a 1 de cada 10. Ahora que llegan las elecciones, eso sí, el Gobierno ha dicho que volverá a reponer a todos los agentes… aunque el daño ya está hecho y tardaremos mucho tiempo en recuperar los medios que teníamos.
Después de cuatro años y medio, no ha habido tampoco ningún avance para otras reivindicaciones que tiene la provincia de Almería en materia de seguridad y que van camino de convertirse en históricas. Me refiero, concretamente, a la comisaría de Roquetas de Mar y el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vícar, dos proyectos que los dirigentes del PP mantienen guardados en un cajón. Una comarca tan importante desde el punto de vista económico como la de Poniente lleva cuatro años sin recibir un euro para para mejorar los equipamientos y las infraestructuras de seguridad, lo que ha colocado al alcalde de El Ejido en el brete de tener que decir que se reunirá con Interior para pedirle más efectivos.
Como resultado de todo ello, nuestros campos –tanto las explotaciones intensivas como las zonas rurales– se han convertido en un blanco fácil para los delincuentes. Y lo seguirán siendo mientras continúen en el gobierno unos dirigentes que aún no han entendido que la política de seguridad debe ser constante y no puede ir ligada a los vaivenes políticos de turno.
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