La contrarreforma educativa de Rajoy

El Gobierno de Mariano Rajoy, con al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que ha puesto sobre la mesa, añade a los recortes en educación el retroceso a la escuela de hace 30 años. La idea, por lo tanto, no es hacer una reforma sino una contrarreforma en toda regla. Es una Ley que responde al modelo ideológico de la derecha más conservadora: no construye la escuela de calidad, sino que recupera la mala escuela del pasado y ampara la regresión en gasto educativo que ha perpetrado Rajoy. Los y las socialistas creemos en la educación y el sistema público (desde las escuelas infantiles hasta nuestras universidades) como instrumento de crecimiento social y de garantía de igualdad; como pilar base del Estado del Bienestar que la derecha, sin embargo, está desmantelando poco a poco, a velocidad “de técnica Decreto” puesto que no pierde tiempo en consensos. Y todo amparándose en la crisis económica, con el único objetivo de que los ciudadanos sigan perdiendo derechos y oportunidades por el camino.


El Gobierno del PP con esta Ley da un paso más en la ruptura de la equidad en la educación, imponiendo la segregación temprana mediante reválidas al final de cada etapa educativa. La Ley carece, además, de un diagnóstico riguroso para su elaboración. El ministro Wert considera la evaluación como un instrumento de selección del alumnado, no como una herramienta de mejora, presenta una Ley que adolece de diálogo, pasando por encima del modelo competencial de las CC.AA; ningunea a la Comunidad Educativa; ampara la educación diferenciada y promueve la eliminación de la educación para la ciudadanía en educación primaria.

La propuesta que plantea el PP se basa en un proyecto recentralizador que va en contra de la participación de la comunidad Educativa. Es un Proyecto sin consenso ni debate, que no se ha presentado en el seno de la Conferencia Sectorial o a las propias Organizaciones y representantes de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar del Estado. De hecho, dos días antes de presentar el anteproyecto, las organizaciones han pedido que el Gobierno garantice la igualdad de oportunidades y el propio derecho a la educación. También los sindicatos decidieron abandonar el pleno del Consejo Escolar del Estado con un comunicado conjunto en el que piden al Gobierno que rectifique. Una reforma educativa necesita de un consenso mínimo si no se quiere convertir en una reforma ideológica, a la medida del PP y de los sectores conservadores que le apoyan. El Gobierno Central debe de entablar un diálogo sereno, antes de aprobar el proyecto, con toda la Comunidad Educativa, con todas las fuerzas políticas y especialmente con las Comunidades Autónomas, tendente a alcanzar un profundo acuerdo para la reforma del sistema educativo.