El Plan económico-financiero aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, para dar respuesta a la exigencia de recortes del Gobierno central, cumple al cien por cien con la promesa que los socialistas les hicimos a todos los andaluces en la pasada campaña electoral, a los que garantizamos que no íbamos a destruir empleo público y que se iban a mantener servicios públicos esenciales. Pese a la imposición legal del ajuste que se ha tenido que acometer, el Gobierno de Andalucía ha decidido abordarlo de manera diferente a como lo han hecho otras comunidades autónomas.
Los ajustes que está aplicando el Partido Popular allá donde gobierna tienen el sabor a la derecha rancia y las diferencias de las medidas aplicadas en Andalucía con respecto a las adoptadas en otras comunidades autónomas son abismales.
En Andalucía no hemos traspasado las líneas rojas. Aquí no hemos tocado la ratio alumno/profesor, como sí han hecho Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana; no hemos cerrado centros asistenciales, como en Murcia, ni hospitales completos, como en las islas Baleares. Es verdad que hemos introducido medidas para rebajar nuestro déficit, medidas que suponen algunos esfuerzos, pero la austeridad tiene muchos caminos y en Andalucía hemos sabido aplicarla con la sensibilidad social de la que carece el Gobierno de España.
Mientras que el Gobierno de Rajoy ha estado mirando a Andalucía con lupa a pesar de que nuestra comunidad ha demostrado una y otra vez su solvencia económica, los dirigentes populares mantienen un mutismo absoluto con Madrid o Valencia que han estado ocultando su deuda real. El escudo que hasta ahora usaba el Ejecutivo del Partido Popular, el de la herencia recibida, se ha venido abajo como un castillo de naipes y ahora resulta que “la herencia” estaba en los cajones de los gobiernos autonómicos de la derecha.
El plan económico que ha tenido que aprobar Andalucía responde a una decisión impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, quien no ha tenido en cuenta el déficit de nuestra comunidad, que es menor que en el resto, y a pesar de lo cual se nos ha exigido el mismo esfuerzo. En el déficit de Andalucía se contabiliza el dinero que la Comunidad Autónoma no ha recibido por parte del Gobierno central por las inversiones no ejecutadas de los Presupuestos de años anteriores y la drástica reducción de las inversiones en este año, sin atender lo que dice nuestro Estatuto autonómico.
A estas cantidades, hay que sumar que la Junta recibirá 1.700 millones de euros menos debido a la retahíla de decretos ley y a las injustas medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación, por lo que ese esfuerzo que tendrá que afrontar el Gobierno andaluz tiene también "la firma" del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el "aval" del presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas.
Los ajustes que está aplicando el Partido Popular allá donde gobierna tienen el sabor a la derecha rancia y las diferencias de las medidas aplicadas en Andalucía con respecto a las adoptadas en otras comunidades autónomas son abismales.
En Andalucía no hemos traspasado las líneas rojas. Aquí no hemos tocado la ratio alumno/profesor, como sí han hecho Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana; no hemos cerrado centros asistenciales, como en Murcia, ni hospitales completos, como en las islas Baleares. Es verdad que hemos introducido medidas para rebajar nuestro déficit, medidas que suponen algunos esfuerzos, pero la austeridad tiene muchos caminos y en Andalucía hemos sabido aplicarla con la sensibilidad social de la que carece el Gobierno de España.
Mientras que el Gobierno de Rajoy ha estado mirando a Andalucía con lupa a pesar de que nuestra comunidad ha demostrado una y otra vez su solvencia económica, los dirigentes populares mantienen un mutismo absoluto con Madrid o Valencia que han estado ocultando su deuda real. El escudo que hasta ahora usaba el Ejecutivo del Partido Popular, el de la herencia recibida, se ha venido abajo como un castillo de naipes y ahora resulta que “la herencia” estaba en los cajones de los gobiernos autonómicos de la derecha.
El plan económico que ha tenido que aprobar Andalucía responde a una decisión impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, quien no ha tenido en cuenta el déficit de nuestra comunidad, que es menor que en el resto, y a pesar de lo cual se nos ha exigido el mismo esfuerzo. En el déficit de Andalucía se contabiliza el dinero que la Comunidad Autónoma no ha recibido por parte del Gobierno central por las inversiones no ejecutadas de los Presupuestos de años anteriores y la drástica reducción de las inversiones en este año, sin atender lo que dice nuestro Estatuto autonómico.
A estas cantidades, hay que sumar que la Junta recibirá 1.700 millones de euros menos debido a la retahíla de decretos ley y a las injustas medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación, por lo que ese esfuerzo que tendrá que afrontar el Gobierno andaluz tiene también "la firma" del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el "aval" del presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas.
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