Que la tan cacareada recuperación económica haya llegado efectivamente es algo que todavía está por ver. Sin embargo, lo que es incontestable es que la crisis ha provocado una desigualdad brutal, agravada, entre otras cosas, por los recortes que aplicó sin piedad el extinto Gobierno de Mariano Rajoy. Con este panorama, en el que miles de familias se encuentran al borde de la exclusión social, se hace necesario prestar atención a los que más lo necesitan y trabajar para volver a cohesionar la sociedad lo antes posible. Así lo entiende el Gobierno andaluz, que esta misma semana ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, con el que se dará una respuesta eficaz a quienes se encuentran en una situación de especial necesidad.
La nueva ley, que sustituirá a la que está actualmente vigente, de 1998, incorpora como principal novedad el blindaje de los servicios sociales como derechos, lo que garantiza que tendrán que prestarse y, en caso negativo, podrán ser exigidos ante los tribunales de justicia. Entre esos nuevos derechos, se encuentran los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la protección de menores en situación de riesgo o desamparo; la teleasistencia; las prestaciones económicas contra la exclusión; la protección de las víctimas de violencia de género y trata; y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada. Asimismo, la ley garantizará las prestaciones derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia, una Ley que el Gobierno de Rajoy intentó dejar sin efecto, al recortar su financiación.
Con la aprobación de esta Ley, cualquier andaluz que acuda a los servicios sociales tendrá adjudicado un profesional que lo guiará en todo el proceso y evaluará si los recursos con los que se le está atendiendo son los adecuados. Además, el usuario podrá participar en la toma de decisiones y tendrá una Historia Social y una Tarjeta Social Digital, dos herramientas con las que se mejorará la atención que recibe.
Se trata de una Ley avanzada y moderna, que va a al corazón de la igualdad y con la que podremos conseguir una sociedad inclusiva y justa. Para alcanzar este objetivo, ayudaría, también, que el nuevo Gobierno central se replantee revertir el recorte del 68% del dinero destinado a servicios sociales que realizó el Ejecutivo de Rajoy, algo que confío en que suceda.
La nueva ley, que sustituirá a la que está actualmente vigente, de 1998, incorpora como principal novedad el blindaje de los servicios sociales como derechos, lo que garantiza que tendrán que prestarse y, en caso negativo, podrán ser exigidos ante los tribunales de justicia. Entre esos nuevos derechos, se encuentran los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la protección de menores en situación de riesgo o desamparo; la teleasistencia; las prestaciones económicas contra la exclusión; la protección de las víctimas de violencia de género y trata; y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada. Asimismo, la ley garantizará las prestaciones derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia, una Ley que el Gobierno de Rajoy intentó dejar sin efecto, al recortar su financiación.
Con la aprobación de esta Ley, cualquier andaluz que acuda a los servicios sociales tendrá adjudicado un profesional que lo guiará en todo el proceso y evaluará si los recursos con los que se le está atendiendo son los adecuados. Además, el usuario podrá participar en la toma de decisiones y tendrá una Historia Social y una Tarjeta Social Digital, dos herramientas con las que se mejorará la atención que recibe.
Se trata de una Ley avanzada y moderna, que va a al corazón de la igualdad y con la que podremos conseguir una sociedad inclusiva y justa. Para alcanzar este objetivo, ayudaría, también, que el nuevo Gobierno central se replantee revertir el recorte del 68% del dinero destinado a servicios sociales que realizó el Ejecutivo de Rajoy, algo que confío en que suceda.
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