Los votos de los andaluces el pasado 22 de marzo conformaron un Parlamento más plural. Los socialistas, con Susana Díaz como candidata a la Presidencia, ganamos esa cita electoral, pero entendimos a la perfección el mensaje de la ciudadanía: En este nuevo tiempo político, el diálogo y el acuerdo entre partidos tiene que ser la clave para diseñar acciones que hagan progresar a la comunidad.
Con la mano tendida, nos adentramos en un escenario de negociaciones para cumplir con la voluntad mayoritaria de los andaluces y, de ese modo, hacer posible la investidura de Díaz. Lamentablemente, durante cerca de 80 días no hemos encontrado en determinados grupos políticos la responsabilidad que era de esperar en una situación de este tipo. Lo único que hasta el momento han demostrado esos partidos es que se han preocupado más por otras cuestiones que por favorecer la formación de un gobierno que dé respuesta a los problemas de la gente.
El acuerdo para desbloquear la situación, que ya era insostenible, se alcanzó, finalmente, con Ciudadanos -que mantuvo las líneas de comunicación abiertas en todo momento-. Y se trata de un buen acuerdo, que se ha abordado de manera seria y rigurosa y que, además, refleja la voluntad de diálogo y entendimiento exigida por la ciudadanía desde el primer minuto.
Las 72 medidas acordadas dentro del acuerdo de investidura por el que Díaz sigue siendo la presidenta andaluza se reparten entre los bloques de regeneración democrática, transparencia y participación ciudadana; de educación y sanidad como servicios públicos esenciales y, por último, de reactivación de la economía y creación de empleo estable y de calidad.
Se trata de un marco de trabajo, que se evaluará periódicamente a través de una comisión de seguimiento, a través del que el PSOE pondrá en marcha muchos de sus compromisos. Entre ellos, el blindaje de los sistemas públicos de educación y de sanidad con iniciativas tan importantes como la ampliación en 12.000 plazas de educación infantil, el anticipo de las becas universitarias, la creación de becas para la obtención del B1 para el mismo colectivo o la contratación de unos 500 profesionales para reforzar Urgencias.
Y, por supuesto, ratificamos nuestra innegable lucha contra la corrupción con medidas específicas para la comunidad como la puesta en marcha de una Oficina de Prevención contra el Fraude o una Ley de Subvenciones.
Con la mano tendida, nos adentramos en un escenario de negociaciones para cumplir con la voluntad mayoritaria de los andaluces y, de ese modo, hacer posible la investidura de Díaz. Lamentablemente, durante cerca de 80 días no hemos encontrado en determinados grupos políticos la responsabilidad que era de esperar en una situación de este tipo. Lo único que hasta el momento han demostrado esos partidos es que se han preocupado más por otras cuestiones que por favorecer la formación de un gobierno que dé respuesta a los problemas de la gente.
El acuerdo para desbloquear la situación, que ya era insostenible, se alcanzó, finalmente, con Ciudadanos -que mantuvo las líneas de comunicación abiertas en todo momento-. Y se trata de un buen acuerdo, que se ha abordado de manera seria y rigurosa y que, además, refleja la voluntad de diálogo y entendimiento exigida por la ciudadanía desde el primer minuto.
Las 72 medidas acordadas dentro del acuerdo de investidura por el que Díaz sigue siendo la presidenta andaluza se reparten entre los bloques de regeneración democrática, transparencia y participación ciudadana; de educación y sanidad como servicios públicos esenciales y, por último, de reactivación de la economía y creación de empleo estable y de calidad.
Se trata de un marco de trabajo, que se evaluará periódicamente a través de una comisión de seguimiento, a través del que el PSOE pondrá en marcha muchos de sus compromisos. Entre ellos, el blindaje de los sistemas públicos de educación y de sanidad con iniciativas tan importantes como la ampliación en 12.000 plazas de educación infantil, el anticipo de las becas universitarias, la creación de becas para la obtención del B1 para el mismo colectivo o la contratación de unos 500 profesionales para reforzar Urgencias.
Y, por supuesto, ratificamos nuestra innegable lucha contra la corrupción con medidas específicas para la comunidad como la puesta en marcha de una Oficina de Prevención contra el Fraude o una Ley de Subvenciones.
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