sábado, 7 de septiembre de 2013

Contrarreforma local


Con el aséptico nombre de 'reforma de la administración local', el Gobierno del PP ha puesto en marcha todo un proceso dirigido a conseguir que los derechos se conviertan en mercancía para las empresas afines a la derecha. Si el camino para llegar a ese fin pasa por que nuestros pueblos pierdan la autonomía que tanto esfuerzo nos costó conseguir, pues tendrán que perderla aunque para ello el PP esté desandando el camino que hemos recorrido en la Democracia.


Cuando se trata de defender sus intereses, al PP no le tiembla la mano: igual que destruyeron los ordenadores de Bárcenas para salvar la cara, ahora destruirán la autonomía de los pueblos y ciudades para que sus amigos puedan hacer otro jugoso negocio. Pese a lo que pueda parecer, lo que el PP plantea hacer con la administración local no es una reforma, sino una contrarreforma.

El objetivo del PP es que los municipios que no puedan prestar servicios con un nivel determinado de 'rentabilidad' (de rentabilidad económica, que es la única que le preocupa al Gobierno), sean despojados de sus competencias. Esas competencias les serán entregadas a las diputaciones provinciales, que se encargarán entonces de prestar esos servicios (o contratarán a una empresa amiga para que los servicios los preste ella).

Eso significa que los pueblos dejarán de ser pueblos para ser urbanizaciones, es decir: se convertirán, simplemente, en lugares desprovistos de capacidad para gestionar los servicios que dan ahora calidad de vida en los pueblos. El voto de la ciudadanía sólo servirá para designar a un alcalde o alcaldesa que no tendrá capacidad para tomar ninguna decisión.

La contrarreforma del PP es una incitación a la privatización de los servicios públicos. Esa es la dura realidad, por mucho que el Gobierno la justifique en una reducción de la deuda pública. Porque lo que nunca cuenta el PP es que el problema de endeudamiento público en este país no lo han generado los ayuntamientos. La administración central acumula una deuda de casi 800.000 millones de euros (el 76,2% del PIB). Mientras tanto, el endeudamiento de los ayuntamientos no llega a 43.000 millones (el 4,1% del PIB). Con esos datos sobre la mesa, se desmonta la mentira de que el problema de la administración española esté en las entidades locales.

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