martes, 7 de agosto de 2012

Acoso y derribo para Andalucía


La vergonzosa complicidad del PP andaluz con el Ejecutivo de Rajoy significa un duro golpe para la apuesta que la ciudadanía andaluza hizo por su Autonomía. El Gobierno andaluz está por el diálogo, pero tenemos que ir pensando en defender la soberanía del Estatuto Autonómico, sencillamente porque la derecha de Rajoy quiere ahogar a Andalucía.

En los presupuestos de este año, de forma caciquil nos imponen el criterio del PIB sobre el censo poblacional y le hurtan a nuestra tierra, sólo en ese concepto, 700 millones de euros. Si el Estado cumpliera con la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz y estuviera dispuesto a reconocer los 1.504 millones que la propia Intervención General del Estado ha reconocido como inversiones no realizadas en Andalucía en 2008 y 2009, el ajuste del gasto en el plan económico-financiero habría sido exclusivamente de unos mil millones de euros.

Este conjunto de decisiones, junto a la caída de las entregas a cuenta, determinaron que el plan de reequilibrio de nuestra Comunidad incorporara medidas que inciden en la reducción de 777 millones en personal, con un ajuste salarial tan injusto por la aplicación obligatoria de la decisión del Gobierno de Rajoy de ampliar la jornada laboral a 37,5 horas semanales; 231 millones de euros en bienes y servicios; 412 millones en el capítulo de transferencias y 771 millones en inversión pública, que, junto con la reducción de fondos finalistas, suponen 2.796 millones de euros.

Andalucía hizo la tarea, presentamos una batería de medidas que afectan a todos los capítulos del presupuesto, tratando de equilibrar el esfuerzo que nos obligan a hacer. Incorporamos también un incremento de impuestos a las rentas más altas. Todas las comunidades han subido impuestos para cumplir con el objetivo de déficit, pero, realmente, la presión fiscal la ha subido el Gobierno de Rajoy.

Las clases medias pagan en Andalucía más impuestos por la decisión unilateral del Gobierno central de incrementar la parte estatal del IRPF. Los socialistas tenemos, sin embargo, una visión diferente de cómo incrementar los ingresos: hemos apostado por la progresividad y la justicia fiscal.

Los andaluces siempre hemos manifestado la voluntad de cumplir los objetivos de estabilidad de España. El presidente Griñán presentó a Rajoy un cuadro diferente de distribución del déficit y le dijo que lo iba a estudiar. ¿Cuál es el resultado del estudio de Rajoy para los presupuestos del 2013? La respuesta vino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): no solamente no se modifica la distribución del déficit, que ya de por sí es lesiva para la sanidad y la educación, sino que además se incluye una cláusula de la que nadie había avisado a Andalucía.

El presidente andaluz ha definido muy bien lo que la derecha está haciendo: discriminar a Andalucía. La decisión del CPFF choca contra la lógica más elemental, la que nos dice que son las comunidades que tienen un mayor endeudamiento las que deben hacer un mayor esfuerzo por reducirlo, y no las que, como Andalucía, han hecho sus deberes y tienen hoy un endeudamiento menor del que se fijó como objetivo.

La derecha está utilizando la crisis como una coartada para llevarse por delante todo aquello que nunca le gustó. Para desmontar el Estado del Bienestar, desmontan el esquema de relaciones laborales existente e incluso cuestionan el Estado Autonómico que aceptaron a regañadientes. Es como si dijeran “ahora que tenemos mayoría absoluta vamos a darle una vuelta a la Transición, pero hacia atrás”.

Los recortes no son decisiones inevitables y científicamente indiscutibles, hay alternativas políticas socialdemócratas, que no sólo son posibles, sino que son necesarias. Pero para Rajoy las alternativas carecen de sentido y trata de hacernos creer que, gobierne quien gobierne, es eso lo que hay que hacer. Como dice Rubalcaba, “es como cuando los padres pegan a los niños y les dicen más me duele a mí’”. Esta derecha que machaca a los que menos tienen nunca va a reconocer que la crisis tiene un origen político, que es la desregularización financiera procedente del pensamiento neoliberal y que sólo podrá corregirse con otra decisión política en sentido distinto.

El sentimiento anti político que hay en la sociedad está motivado por el rechazo del Gobierno a dialogar en instituciones como el Parlamento o con la comunidad autónoma de Andalucía, y nos encontramos con la paradoja de que el Bundestag debata sobre el rescate financiero a España, o lo hayan hecho los parlamentos holandés y el finlandés, cuando aquí le hemos dedicado diez minutos. Y este abandono del Congreso por parte del Gobierno tiene unas consecuencias de deterioro institucional incalculables.

1 comentario:

gabrielprados dijo...

El PP entiende como solidaridad que se "reajusten los presupuestos ajustados" para que CCAA cvomo cataluña, Valencia o Murcia tengan un ajuste más cómodo, mientras que las condiciones para andalucía se endurecen y lograr con nuestro esfuerzo que los otros (coinciden con sus socios y correligionarios) vayan más cómodos.
¿No deberíamos informar a la sociedad andaluza de esto unas cuatrocientas veces por día?

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