viernes, 17 de marzo de 2017

Salvar la dependencia

Uno de los mayores avances sociales que se han dado en la última década en nuestro país fue la aprobación, en 2007, de la Ley de Dependencia. Con esta ley, el Gobierno de Zapatero reconoció por primera vez en nuestro país el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos. Se creó así un derecho universal que daba respuesta a una necesidad de la sociedad, además de sacar a la luz y dignificar el trabajo que hacían y siguen haciendo muchas mujeres cuidadoras.

En la larga travesía del desierto que está suponiendo para nuestro país el paso de Mariano Rajoy por el Gobierno, la Ley de Dependencia ha sido vilmente atacada. De todos los ataques, dos han sido especialmente graves: el que realizó el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, en su etapa de secretario de Estado, cuando decidió quitarles las cotizaciones a las cuidadoras, devolviéndolas al trabajo sumergido; y el incumplimiento repetido de la financiación por parte del Gobierno central, que ha llevado a que, a día de hoy, el Estado sólo aporte el 20% del dinero necesario para la dependencia en Andalucía, cuando debería estar poniendo, por ley, el 50%.

Este durísimo recorte en las transferencias por parte del Gobierno central habría supuesto la derogación de la Dependencia en la práctica si no fuera porque la Junta de Andalucía está financiación la Ley a pulmón para que esto no suceda. Por si no fuera bastante su aportación del 80% (en lugar del 50% al que está obligada), en los últimos días el Gobierno andaluz ha anunciado que reforzará su inversión en un 2,5% adicional.

Este aumento en la financiación permitirá avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir tiempos de respuesta, ampliando el número de beneficiarios. En concreto, en la provincia de Almería se prevé que se incorporarán al sistema 4.000 nuevos dependientes y se crearán 150 nuevos puestos de trabajo. De este modo, en nuestra provincia se superarán los 21.000 dependientes atendidos y los 4.400 empleos creados gracias a esta ley.

Pocos ejemplos hay tan claros de las consecuencias prácticas que tienen las decisiones que toman los gobiernos. Así, lo que podría haberse quedado en un derecho pisoteado –como está ocurriendo, de hecho, en tantas comunidades autónomas gobernadas por el PP–, en Andalucía sigue siendo una conquista social viva, gracias al empeño de la Junta.

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