Ante la previsión de que en diciembre tenga que abandonar La Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy está dedicando sus últimos meses a apuntalar su particular ‘destrucción’ de España. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 serán la guinda al legado que va a dejar tras de sí el Gobierno del PP y que será espantoso. Podría hacer un recuento exhaustivo, pero sólo recordaré algunos hitos: una reforma laboral que eliminó derechos históricos de los trabajadores, una reforma local que va a convertir a los ayuntamientos en títeres de las diputaciones o una ley mordaza que busca aniquilar la protesta ciudadana. Sin embargo, con todo lo duras que han sido estas leyes, me atrevería a decir que el peor legado que nos va a dejar Rajoy será la LOMCE, la ley para la reforma educativa.
El texto impulsado por Wert y que su sucesor, Méndez de Vigo, sigue empeñado en aplicar cuenta con la oposición de prácticamente todas las comunidades autónomas, pero hasta ahora sólo hemos conseguido que el ministro aplace la regulación de las medidas que van a entrar en vigor en el curso 2016/2017.
Estamos contentos por este aplazamiento, pero no podemos olvidar que muchas de las medidas de la LOMCE –y muchas de ellas muy dañinas–, se van a empezar a aplicar ya en este curso 2015/2016. Es el caso, por ejemplo, de las Reválidas de Primaria, una prueba de evaluación para los niños de 6º que sólo busca presionar a los alumnos y controlar desde el Gobierno los contenidos que se imparten en los colegios, ya que éstos tendrán que adecuarse al examen de Reválida. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que hará todo lo que esté en su mano para adaptar este examen y minimizar sus efectos negativos en el alumnado, pero la prueba sigue ahí y Andalucía no puede declararse insumisa y no celebrarla.
Otro ejemplo: ante la eliminación en ESO y Bachillerato de Filosofía, Tecnología, Economía, Lenguas Clásicas y Música como asignaturas obligatorias, la Junta ha decidido mantener la carga lectiva. En Andalucía, los socialistas estamos haciendo unos esfuerzos ingentes para contrarrestar los efectos de la LOMCE, pero la propia ley nos impone límites. Ante esta situación, no cabe sino esperar que Rajoy se marche en diciembre y que la llegada de un nuevo gobierno socialista permita derogar la ley y buscar el consenso que toda reforma educativa necesita.
El texto impulsado por Wert y que su sucesor, Méndez de Vigo, sigue empeñado en aplicar cuenta con la oposición de prácticamente todas las comunidades autónomas, pero hasta ahora sólo hemos conseguido que el ministro aplace la regulación de las medidas que van a entrar en vigor en el curso 2016/2017.
Estamos contentos por este aplazamiento, pero no podemos olvidar que muchas de las medidas de la LOMCE –y muchas de ellas muy dañinas–, se van a empezar a aplicar ya en este curso 2015/2016. Es el caso, por ejemplo, de las Reválidas de Primaria, una prueba de evaluación para los niños de 6º que sólo busca presionar a los alumnos y controlar desde el Gobierno los contenidos que se imparten en los colegios, ya que éstos tendrán que adecuarse al examen de Reválida. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que hará todo lo que esté en su mano para adaptar este examen y minimizar sus efectos negativos en el alumnado, pero la prueba sigue ahí y Andalucía no puede declararse insumisa y no celebrarla.
Otro ejemplo: ante la eliminación en ESO y Bachillerato de Filosofía, Tecnología, Economía, Lenguas Clásicas y Música como asignaturas obligatorias, la Junta ha decidido mantener la carga lectiva. En Andalucía, los socialistas estamos haciendo unos esfuerzos ingentes para contrarrestar los efectos de la LOMCE, pero la propia ley nos impone límites. Ante esta situación, no cabe sino esperar que Rajoy se marche en diciembre y que la llegada de un nuevo gobierno socialista permita derogar la ley y buscar el consenso que toda reforma educativa necesita.
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