El pleno del Parlamento de Andalucía ha abordado esta semana el inicio del curso escolar, con un debate repleto de datos que corroboran el enorme esfuerzo que está realizando la Consejería de Educación por la mejora del sistema educativo andaluz. Estas cifras, sin embargo, parecieron molestar a la oposición.
Durante septiembre, se incorporarán a las aulas de los 7.082 centros de enseñanza que existen en Andalucía (tanto públicos como concertados y privados) 1,8 millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias y algo más de 126.400 docentes. La inmensa mayoría (1,4 millones de estudiantes y 101.300 docentes) irán a alguno de los 4.600 centros de titularidad de la Junta. Las plazas de profesores de Secundaria han aumentado en 2.764 sobre el curso anterior y se han creado otras 500 para Primaria, un incremento, este último, que tendrá continuidad en los dos siguientes cursos, hasta alcanzar las 1.300 nuevas plazas prometidas por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Este año se ha alcanzado la cifra de 2.399 centros que ofrecen aula matinal, comedor o actividades extraescolares. En los que disponen de comedor, se van a servir 21,5 millones de menús. También se ofrecerá transporte escolar gratuito a 97.000 niños y niñas. Y las familias, un año más, se ahorrarán 200 euros de media por cada hijo, gracias al programa de gratuidad de libros de texto, que beneficiará este año a más de 946.000 alumnos.
Estas cifras, como digo, parecieron incomodar a los grupos políticos de la oposición y la pregunta que me hago es por qué. ¿Qué les molesta exactamente?
Estos datos son los datos de la inclusión, de la búsqueda de la equidad y la igualdad de oportunidades, unos principios que los socialistas llevamos por bandera y que aplicamos allí donde gobernamos.
Está claro que siempre habrá trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo. Estamos trabajando para dar las mejores soluciones a las nuevas exigencias educativas del siglo XXI, caracterizado por un mundo que evoluciona muchas veces a un ritmo mayor que nuestras propias respuestas. Esta cuestión hay que abordarla autoevaluando nuestros planes y programas, con el objetivo de mejorar lo que no termine de funcionar bien o acelerar todo lo que requiera un mayor impulso. Sin embargo, esta tarea se tiene que hacer desde la colaboración y el diálogo, y no demonizando la educación pública.
Durante septiembre, se incorporarán a las aulas de los 7.082 centros de enseñanza que existen en Andalucía (tanto públicos como concertados y privados) 1,8 millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias y algo más de 126.400 docentes. La inmensa mayoría (1,4 millones de estudiantes y 101.300 docentes) irán a alguno de los 4.600 centros de titularidad de la Junta. Las plazas de profesores de Secundaria han aumentado en 2.764 sobre el curso anterior y se han creado otras 500 para Primaria, un incremento, este último, que tendrá continuidad en los dos siguientes cursos, hasta alcanzar las 1.300 nuevas plazas prometidas por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Este año se ha alcanzado la cifra de 2.399 centros que ofrecen aula matinal, comedor o actividades extraescolares. En los que disponen de comedor, se van a servir 21,5 millones de menús. También se ofrecerá transporte escolar gratuito a 97.000 niños y niñas. Y las familias, un año más, se ahorrarán 200 euros de media por cada hijo, gracias al programa de gratuidad de libros de texto, que beneficiará este año a más de 946.000 alumnos.
Estas cifras, como digo, parecieron incomodar a los grupos políticos de la oposición y la pregunta que me hago es por qué. ¿Qué les molesta exactamente?
Estos datos son los datos de la inclusión, de la búsqueda de la equidad y la igualdad de oportunidades, unos principios que los socialistas llevamos por bandera y que aplicamos allí donde gobernamos.
Está claro que siempre habrá trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo. Estamos trabajando para dar las mejores soluciones a las nuevas exigencias educativas del siglo XXI, caracterizado por un mundo que evoluciona muchas veces a un ritmo mayor que nuestras propias respuestas. Esta cuestión hay que abordarla autoevaluando nuestros planes y programas, con el objetivo de mejorar lo que no termine de funcionar bien o acelerar todo lo que requiera un mayor impulso. Sin embargo, esta tarea se tiene que hacer desde la colaboración y el diálogo, y no demonizando la educación pública.
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