viernes, 2 de marzo de 2018

Aquí ganamos derechos

Mientras en otras comunidades autónomas la cartera de derechos de la ciudadanía no ha hecho más que mermar, en Andalucía seguimos ganando derechos. A pesar de la reciente crisis económica y de los rigores financieros que nos ha impuesto el Gobierno del Partido Popular, en Andalucía no hemos aprovechado la coyuntura para recortar, como otros, sino todo lo contrario: hemos ampliado.

El último ejemplo lo hemos tenido con la aprobación, por parte de la Junta de Andalucía, de tres leyes de profundo calado social: la Ley de servicios sociales de Andalucía, la de derechos y atención a las personas con discapacidad y la Ley de renta mínima de inserción social. Se calcula que, entre las tres, beneficiarán a unos 164.000 almerienses.

Con la Ley de servicios sociales, la Junta ha buscado brindar una atención integral y coordinada a las personas que accedan al sistema público de servicios sociales. El texto promueve la participación y garantiza por vez primera el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir ante una futura capacidad limitada. Esta ley podrá beneficiar en la provincia de Almería a 110.000 personas.

En cuanto a la Ley de derechos y atención a las personas con discapacidad, la norma quiere dar respuesta a las necesidades y retos a los que cada día se enfrenta el 10% de la población andaluza. En la provincia son unos 45.000 los almerienses que podrán beneficiarse de esta ley, que revisa el concepto de discapacidad y reorienta las actuaciones públicas, desde un modelo biosanitario y rehabilitador, hacia un modelo social basado en las capacidades. La ley incorpora la perspectiva de género y busca mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad para evitar la estigmatización social.

Finalmente, la Ley de la renta mínima de inserción social, concebida como un instrumento de integración y de lucha contra la pobreza, contempla una prestación mensual de entre 419 y 779 euros, complementada con un plan de inclusión e inserción laboral y social. Se calcula que en Almería la medida podrá llegar a unas 9.000 personas.

En definitiva, con estas tres leyes la Junta demuestra su apuesta por reforzar el Estado de Bienestar y su convencimiento de que la prioridad absoluta de cualquier política pública deben ser las personas.

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