Ayuntamientos S.A.

Un viernes más, los representantes públicos vinculados a la administración local de algún modo estamos en vilo. ¿Será el día en el que, finalmente, el PP apruebe el desmantelamiento de los ayuntamientos a través de su reforma local? Casi una docena de veces ha llevado Rajoy este asunto al Consejo de Ministros y el mismo número la ha retirado lo que, estarán de acuerdo conmigo, ni es serio ni es razonable.

Esa puerta giratoria, como la de los hoteles, por la que la Ley sale y entra del Consejo de Ministros la empujan hacia dentro el presidente del Gobierno, el desesperado futuro alcalde de España – y, por ahora, solamente ministro-, Cristóbal Montoro y las grandes empresas al acecho de la tajada que puedan pillar por la privatización de los servicios públicos a través de la nueva norma. La puerta de salida la están moviendo los propios ayuntamientos, con mucha presión de los propios alcaldes del PP hacia su partido, los sindicatos –alertando de los miles de trabajos que destruirá- y el conjunto de los partidos políticos en la oposición de liderados por el PSOE.

Estamos ante la crónica de una muerte anunciada, ante el fin de la autonomía del gobierno local, ante el robo de competencias a la mayoría de ayuntamientos para darlas a Diputaciones cuyos presidentes y diputados no han sido elegidos en las urnas, ante el trasvase de los servicios públicos a empresas -las del entorno de la derecha- que necesitan sanear sus cuentas dañadas por la crisis.

Cuando los socialistas defendemos el municipalismo y a los ayuntamientos, defendemos el derecho que tienen los ciudadanos a recibir servicios públicos de calidad. Por eso, desde el PSOE proponemos una reforma de la Administración Local que trasforme los ayuntamientos en entidades más eficaces y eficientes pero también dotadas de la financiación que realmente necesitan para atender las necesidades de unos ciudadanos que ven en ellos la primera puerta a llamar para pedir ayuda a sus problemas.

Y como la del PP no va hacia eso, nos tendrá en frente -cuando acabe la incertidumbre y la Ley llegue al Congreso- para decirle que los Ayuntamientos son espacios comunes y públicos, no sociedades anónimas y hasta en el Tribunal Constitucional, donde defenderemos que, para colmo, la norma es inconstitucional.