De vuelta en septiembre, el mes que todos relacionamos como el del regreso a clase y el del reencuentro con compañeros y profesores. Ese gesto tan sencillo, el de entrar por la puerta de un aula, tiene tanta importancia como la de –ni más ni menos- que determinar el futuro de aquel que la cruza. Por eso, y lo sabrán quienes siguen este espacio, le concedo tanta trascendencia a la educación.
Mejorar nuestro sistema educativo, ese ascensor social –como tan bien lo definía hace unos días la presidenta de la Junta, Susana Díaz-, está en el ADN de los socialistas andaluces. Y lo volvimos a demostrar cuando a finales de agosto el Gobierno andaluz aprobó el anteproyecto de la nueva Ley de Formación Profesional de Andalucía, una reforma integral de estas enseñanzas con el ambicioso objetivo de elevar el nivel de cualificación de los andaluces, de responder a las nuevas demandas del mercado laboral y, cómo no, de potenciar la generación de nuevos puestos de trabajo.
La educación y el empleo -prioridad absoluta del Ejecutivo de Díaz- se cogen de la mano inevitablemente. Hay que formar más y mejor a la gente tanto para trabajar para otros como para ser capaces de emprender su propia aventura empresarial y, no lo olvidemos, para poder contribuir a la creación de un empleo de calidad –es decir, mejor pagado y más difícil de deslocalizar-.
La nueva norma, que bien podría tomar como ejemplo y copiar Rajoy para otras comunidades y el conjunto del país, unifica la regulación de la FP reglada –para jóvenes de entre 16 y 24 años- y de la ocupacional –dirigida a la población activa, tanto ocupada como desempleada-. La creación de una red pública de centros llevará a los establecimientos privados que vienen ofreciendo formación a cumplir determinados parámetros de calidad y a demostrar que tienen una capacidad económica propia que va más allá de las subvenciones que reciben.
A esos pilares se suma la justa posibilidad de poder acreditar, a través de un procedimiento que se puede iniciar en cualquier momento, las competencias profesionales que los andaluces hayan adquirido con su experiencia laboral y a través de otras vías. Con este escenario, las bases para el futuro están puestas. Para el de los que decidan entrar por la puerta de la FP, por supuesto. Pero también, qué duda cabe, para el de un nuevo sistema económico que permita a Andalucía crecer y ser más competitiva.
Mejorar nuestro sistema educativo, ese ascensor social –como tan bien lo definía hace unos días la presidenta de la Junta, Susana Díaz-, está en el ADN de los socialistas andaluces. Y lo volvimos a demostrar cuando a finales de agosto el Gobierno andaluz aprobó el anteproyecto de la nueva Ley de Formación Profesional de Andalucía, una reforma integral de estas enseñanzas con el ambicioso objetivo de elevar el nivel de cualificación de los andaluces, de responder a las nuevas demandas del mercado laboral y, cómo no, de potenciar la generación de nuevos puestos de trabajo.
La educación y el empleo -prioridad absoluta del Ejecutivo de Díaz- se cogen de la mano inevitablemente. Hay que formar más y mejor a la gente tanto para trabajar para otros como para ser capaces de emprender su propia aventura empresarial y, no lo olvidemos, para poder contribuir a la creación de un empleo de calidad –es decir, mejor pagado y más difícil de deslocalizar-.
La nueva norma, que bien podría tomar como ejemplo y copiar Rajoy para otras comunidades y el conjunto del país, unifica la regulación de la FP reglada –para jóvenes de entre 16 y 24 años- y de la ocupacional –dirigida a la población activa, tanto ocupada como desempleada-. La creación de una red pública de centros llevará a los establecimientos privados que vienen ofreciendo formación a cumplir determinados parámetros de calidad y a demostrar que tienen una capacidad económica propia que va más allá de las subvenciones que reciben.
A esos pilares se suma la justa posibilidad de poder acreditar, a través de un procedimiento que se puede iniciar en cualquier momento, las competencias profesionales que los andaluces hayan adquirido con su experiencia laboral y a través de otras vías. Con este escenario, las bases para el futuro están puestas. Para el de los que decidan entrar por la puerta de la FP, por supuesto. Pero también, qué duda cabe, para el de un nuevo sistema económico que permita a Andalucía crecer y ser más competitiva.
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