El alcalde de España

Si Mariano Rajoy trabajara como muchos alcaldes y alcaldesa de esta provincia, otro gallo nos cantaría. Pero ante su desconocimiento más absoluto de la política municipal, ha decidido delegar el área municipal a su primer teniente de alcalde, Cristóbal Montoro. Y el ministro de Hacienda, ávido de ganarse un reconocimiento que no le llega con decisiones como la amnistía fiscal y la subida de impuestos ha decidido autoproclamarse como el alcalde de España.

La reforma de la administración local es conceptualmente sencilla y perversa: Rindamos todos cuentas al nuevo alcalde de España y que él decida, desde su posición madrileña, quienes somos ciudadanos de primera y de segunda. La decisión, encima, ya la ha tomado: Seremos ciudadanos de segunda todos los que vivamos en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, donde los servicios públicos quedarán relegados a un concepto del pasado lingüístico frente a las empresas privadas que son, a su juicio, las que saben lo que necesitamos. Y todos contentos en el PP ya que las grandes compañías, esas que financian al partido para las elecciones, están necesitadas de abrir su cartera de clientes en un momento de crisis económica.

Especialmente llamativas son las consecuencias que la norma impone a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Las poblaciones más pequeñas, 75 en la provincia almeriense con 92.076 habitantes, serán directamente intervenidas por la Diputación Provincial si el ilustre Montoro considera que no cumplen con sus exigencias económicas. Vamos, que no pueden gastar por encima de lo que el Estado decida –que para eso está lleno de sabios economistas como De Guindos- aunque ese gasto sea en centros de atención a mayores o guarderías, y que tienen que recortar para reducir su deuda sea como sea aunque, proporcionalmente, deban muchísimo menos que el Gobierno de Rajoy.

Para que su plan funcione necesitan vigilantes. Y, en este caso, obligan a secretarios e interventores a ser censores económicos que envíen periódicamente al nuevo alcalde de España los números municipales, dejando de trabajar para los ciudadanos que les pagan con sus impuestos. Es como si la mitad de la población de la capital se viera, de un plumazo, desprovista de sus derechos por vivir en pueblos. Pero eso al PP ni le conmueve ni le importa. Ha llegado la época de la necesaria mano dura, ríe Montoro, y de que él, por fin, sienta que gobierna allá donde vaya.