La Escuela Pública es lo primero

Andalucía está marcando la diferencia con su gestión política de la crisis con respecto al Gobierno de España y al resto de comunidades gobernadas por el PP. Especialmente en materia de Educación, por mucho que le pese a determinados sectores de la derecha de este país, que aspiran a una educación clasista -con la que poder diferenciarse de otros ciudadanos iguales a ellos- y de un auge de los centros privados.

Distinguirse de los demás es para ellos creerse mejores que otros por poder pagar por la enseñanza o por educar a sus hijos en centros concertados que -mejor para sus bolsillos pensarán- les pague el propio Gobierno. Y mientras tanto, a dedicarse a desprestigiar la insuperable calidad de la mayoría de centros educativos públicos. Esas dos ideas están en la base del rechazo frontal a la reducción de conciertos que se ha visto obligada a adoptar la Junta de Andalucía en defensa de la educación pública y de calidad a la que todos los andaluces tienen derecho.

Durante 30 años, el Gobierno andaluz ha concertado plazas en determinados centros para garantizar una oferta suficiente para la demanda de escolarización. No obstante, hay que aclarar que esos conciertos han sido siempre en las poblaciones con mayor número de habitantes mientras que al tiempo se priorizaba la construcción de escuelas públicas y se mimaba a los pequeños municipios a los que jamás asistirían proyectos educativos privados por falta de rentabilidad.

Pero los tiempos cambian y la realidad es que ahora la tendencia a escolarizar a menores va a la baja fruto del descenso de la población y de la pérdida de inmigrantes. Así que las plazas concertadas que ya no se hacen necesarias no han sido renovadas. Tampoco aquellas que, de llevarse a cabo, supondrían cerrar aulas de la escuela pública en la misma localidad o que suponían la segregación escolar entre niños y niñas.

Ante una postura lógica y de justicia social como la que defendemos, el PP ha puesto el grito en el cielo con argumentos fácilmente refutables como el derecho de los padres a que sus hijos estudien en centros religiosos. No se crean la mentira ya que la Ley protege esa elección ofertando la asignatura de religión tanto en los centros concertados como en los públicos. El problema es puramente ideológico: Sobran las escuelas públicas y llega el momento de que ese pastel se lo coman las empresas. Y, por ahí, los socialistas ni pasamos ni pasaremos jamás.