sábado, 28 de julio de 2012

Un empujón hacia la pobreza


En tiempos tan difíciles como los que corren, los responsables de la gestión pública están más obligados que nunca a dar la cara. Cuando millones de familias españolas están haciendo auténticos milagros para cubrir sus necesidades, ningún responsable político debería intentar escabullirse. Y sin embargo, la huida por la puerta de atrás está siendo el pan de cada día del Gobierno de Mariano Rajoy.

Cuando el Gobierno debería estar más cerca que nunca de quienes peor lo están pasando, les da la espalda. Es lo que ha hecho, sin ir más lejos, con las personas dependientes, más de 18.000 de nuestra provincia, a las que está despreciando con la mayor de las desvergüenzas, al negarles su derecho a ser atendidas.

Las asépticas cifras de los recortes cobran una enorme dureza cuando se aplican a la realidad cotidiana, y eso es lo que hemos intentado demostrar los socialistas de Almería esta semana, al sacar a la luz las consecuencias que tendrán los recortes en dependencia para que los ciudadanos puedan apreciar, en toda su dimensión, las indignidades que está cometiendo este Gobierno.

Con el título “Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” el Gobierno ha intentado esconder el empujón hacia la pobreza que van a recibir, en Almería, 10.500 familias. Exactamente existen en la actualidad 10.489 almerienses que reciben una prestación económica por cuidar de un familiar dependiente. Su duro trabajo, que sólo conocen quienes lo han vivido en primera persona, se recompensaba con 369 euros al mes, una cantidad que ha ayudado a que familias enteras tengan para comer, a falta de otros ingresos. Ahora, el Gobierno de la “austeridad para los demás” recortará los 369 euros hasta dejarlos en 313.

Además, si hasta ahora el Estado asumía la cotización a la Seguridad Social de algunos de estos trabajadores, casi 5.500 en la provincia de Almería, ahora dejará de hacerlo, de manera que obligará a esos cuidadores a decidir si quieren pagarse ellos mismos la cuota. Los que necesiten esas cotizaciones, por ejemplo para completar los años mínimos de una pensión contributiva, tendrán que restarle 164 euros a los 313 que cobren.

Ésa es la cruda realidad, por más que el Gobierno intente disfrazarla con palabras huecas como “estabilidad presupuestaria” o “fomento de la competitividad”. Creo que todos estamos de acuerdo en que la administración del dinero público exige austeridad, y la austeridad implica prescindir de gastos superfluos. Sin embargo, quitarle más al que menos tiene, mientras con la otra mano seguimos engordando a los ricos, no puede llamarse austeridad: simplemente, es una inmoralidad.

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