36 años de autonomía

Los 36 años que la comunidad autónoma de Andalucía cumplirá este próximo domingo han estado marcados por una senda de conquistas sociales, progreso y avance en derechos que difícilmente habría sido posible si los andaluces no hubiéramos conquistado, aquel 28 de febrero de 1980, nuestra autonomía. Además, con aquel gesto, al situarnos al mismo nivel que aquellos que reivindicaban su ‘nacionalidad histórica’, los andaluces nos convertimos en un símbolo, el de la garantía de la igualdad de todos los territorios de España, impidiendo que la nueva configuración del Estado se asentara en la concesión de privilegios a determinadas comunidades, en perjuicio de otras.

Proteger a los menores

Los recortes en políticas sociales que han caracterizado los cuatro aciagos años de gobierno de Mariano Rajoy contrastan con el esfuerzo que se está haciendo en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE por proteger a los ciudadanos en general y, muy especialmente, a aquellos que más lo necesitan en cada momento. De entre todos los colectivos vulnerables, sin duda hay uno que no debería quedar desamparado bajo ninguna circunstancia, y no es otro que el que constituyen los niños y niñas. La infancia nunca debería ser objeto de recortes, como lamentablemente lo ha sido durante el mandato del Partido Popular, bien de forma directa, con la reducción que se produjo de la inversión para la protección de los menores, o incluso de forma indirecta, permitiendo que creciera el número de familias sin ningún ingreso. Afortunadamente, en Andalucía se ha hecho un enorme trabajo para revertir este daño y las pruebas las estamos viendo todavía.

El papel de los ayuntamientos

La destrucción programada del Estado de Bienestar por parte del PP y el castigo despiadado al que ha sometido a los ciudadanos, haciéndolos paganos de una crisis que ellos no habían provocado, no sólo ha durado los cuatro años de Gobierno que le correspondían a Mariano Rajoy, sino que va camino de alargarse hasta el último día en que los populares permanezcan instalados en La Moncloa, aunque sea en funciones. Así lo demuestra que el Gobierno haya exigido recientemente a los ayuntamientos la devolución de parte del dinero que han recibido en los últimos años en concepto de financiación de las entidades locales, por haberse equivocado en las cuentas. Este error en los cálculos del Gobierno va a suponer que los ayuntamientos de la provincia de Almería tengan que devolverle al Estado más de 4 millones de euros, una cifra que se eleva hasta los 8 millones si se le añade la deuda que el Gobierno le reclama a la Diputación.

Empleo con derechos

La reducción del número de parados de la provincia de Almería que se ha producido en los últimos meses –a tenor de la Encuesta de Población Activa (EPA) referente al último trimestre de 2015 y a los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre el mes de enero– es, qué duda cabe, una buena noticia para una de las provincias que ha padecido con mayor crudeza el problema del desempleo en los últimos años. Es importante señalar que esta recuperación del empleo, además, no se ha producido sólo en la provincia de Almería, sino que ha llegado también al cómputo global del mercado laboral español, gracias, entre otras cosas, a que Andalucía ha liderado la reducción del paro en 2015, aportando un tercio del descenso en el número de parados de toda España.

Almería no puede esperar

El desinterés del Gobierno de Rajoy con la provincia de Almería ha tenido como consecuencia la paralización casi absoluta de las infraestructuras que teníamos pendientes de construir, amén de que el Gobierno tampoco avanzara en la toma de otras decisiones –éstas sin apenas coste económico– que también habrían permitido resolver algunos de los graves problemas que padecemos los almerienses. Durante cuatro largos años, en Almería nos dedicamos a esperar las inversiones que el Gobierno prometía periódicamente, pero que nunca llegaban, hasta completar una Legislatura que, para nuestra provincia, ha pasado en blanco.

Una agenda social

Mientras en el Partido Popular andan deshojando la margarita de la investidura –con un Rajoy que habría llegado a pensar en no presentarse siquiera a la votación, para no quedar en ridículo–, en España están ocurriendo cosas graves. Hasta donde yo sé, con la celebración de las últimas elecciones en este país no se acabaron de un plumazo ni los desahucios, ni el paro, ni la pobreza energética, ni los problemas que arrastra el país en materia de educación, por poner sólo algunos ejemplos. Para los ‘populares’, el tiempo parece haberse detenido desde el 20 de diciembre y, sin embargo, cada día que pasa es un día perdido para todos esos ciudadanos que necesitan que alguien actúe frente a sus problemas.

Hacia la inclusión social

Que la tan cacareada recuperación económica haya llegado efectivamente es algo que todavía está por ver. Sin embargo, lo que es incontestable es que la crisis ha provocado una desigualdad brutal, agravada, entre otras cosas, por los recortes que aplicó sin piedad el extinto Gobierno de Mariano Rajoy. Con este panorama, en el que miles de familias se encuentran al borde de la exclusión social, se hace necesario prestar atención a los que más lo necesitan y trabajar para volver a cohesionar la sociedad lo antes posible. Así lo entiende el Gobierno andaluz, que esta misma semana ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, con el que se dará una respuesta eficaz a quienes se encuentran en una situación de especial necesidad.