viernes, 14 de octubre de 2016

Trabajadores con derechos

El Gobierno de Susana Díaz ha dado dos grandes pasos esta semana para mejorar los derechos de los trabajadores, demostrando que el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la sociedad no es retórico, sino que se basa en hechos concretos.

El primero de estos pasos ha sido la firma de un acuerdo para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones de la Administración andaluza. Este acuerdo, rubricado con los sindicatos y la patronal, contempla obligaciones y recomendaciones para que la Junta y sus entes instrumentales, a la hora de contratar, valoraren más a las empresas que estén comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medio ambiente.

Este acuerdo, por ejemplo, supondrá que la Junta rescindirá automáticamente el contrato a las empresas que adeuden dos meses de salario a sus trabajadores. También estará prohibido contratar a empresas que incumplan la legislación ambiental o que hayan sido sancionadas por una infracción muy grave en materia social, de modo, por ejemplo, que no se podrá conceder ningún contrato a una empresa de más de 50 empleados en cuya plantilla no haya al menos un 2% de discapacitados.

La guía también recoge recomendaciones en aspectos tales como la formación, la conciliación familiar o la financiación de proyectos sociales. Así, las empresas más comprometidas socialmente tendrán mayor puntuación y, por lo tanto, mayores posibilidades de que se les adjudiquen contratos.

A esto hay que sumar la aprobación el pasado martes de otro acuerdo para que los empleados públicos de la Administración andaluza recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales. Esta medida forma parte del compromiso de Susana Díaz de restablecer durante esta Legislatura todos los derechos laborales que se vieron afectados en 2012 por las medidas de recorte impuestas por el Gobierno de Rajoy. La recuperación de las 35 horas ya se intentó llevar a cabo en Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno central presentó un recurso para boicotear la medida. Confío en que, esta vez, respeten la decisión del Gobierno andaluz y no intenten machacar también a los trabajadores públicos andaluces.

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